Aquel día Nicolás Maduro estaba especialmente contento. Tanto que se vistió, ante la televisión, con el nuevo uniforme de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), de camuflaje azul con boina roja, entre el alborozo de cientos de cadetes que se graduaban. El "presidente pueblo" no se pudo reprimir al ver el resultado: "¡Parezco Sadam Husein! ¡Sadam Husein en vivo! Siento el orgullo de portar este uniforme".
La fiesta revolucionaria acompañó en julio de 2017 el lanzamiento de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, "que se suman al combate contra el crimen, contra el terrorismo y contra las bandas terroristas de la derecha", aseguró el hijo de Chávez. Sus 641 funcionarios de entonces se presentaron ante Venezuela, algunos de ellos con las caras tapadas.
Dos años después, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ha solicitado que el Gobierno "disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad y asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas".
Nacidas como una unidad de élite en tiempos de Maduro, las FAES se han convertido hoy en "escuadrones de la muerte" o "grupos de exterminio", según las denuncias que organismos de derechos humanos han remitido al equipo de Bachelet, que así los describe en su informe.
Activistas y periodistas reportan casi a diario operaciones sangrientas donde esas mismas fuerzas especiales actúan con licencia para matar.
Algo que no parece importunar al jefe revolucionario, quien la semana pasada aprovechó el día de la policía para dar todo su "apoyo" y gritar "¡que viva el FAES!" mientras prometía varios millones de euros para la policía en medio de la peor crisis de la historia de Venezuela.
Una contundente respuesta al reclamo de la ONU, que no ha podido calcular el número total de ejecuciones extrajudiciales protagonizadas por las FAES, pero se acerca con sus datos. En 2018, el Gobierno registró 5.287 muertes violentas por resistencia a la autoridad, frente a las 7.523 que sumó el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV).
Hasta el 19 de mayo, la revolución notificó 1.569 muertes violentas en este registro, menos que las 2.124 que contabiliza el OVV. Y entre los datos de unos y otros, una sentencia final de la Oficina de los Derechos Humanos: "Muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales".
Un torrente de acusaciones contra los "escuadrones" que mantienen su ritmo sin pestañear: durante mayo mataron a 126 personas sin recibir un rasguño, según los informes policiales estudiados por el diario Tal Cual. De todos ellos, al menos 27 fueron ejecutados, según las versiones que aportaron familiares y vecinos.
